Acusaciones de tráfico de influencias
Los diputados de Renovación Nacional (RN) han solicitado al fiscal nacional, Ángel Valencia, abrir una investigación sobre un posible tráfico de influencias por parte de Aguilera. En su carta, argumentan que la ministra pudo haber intervenido en el tratamiento de su madre en un hospital público, favoreciendo su atención de manera indebida. Esta iniciativa se suma a la presión ejercida por la Unión Demócrata Independiente (UDI), que también ha pedido a la Fiscalía investigar el caso.
Aguilera, en respuesta a las críticas, ha negado haber ejercido presión para acelerar la operación de su madre. En una conferencia de prensa, afirmó que la cirugía fue tratada según los protocolos médicos, y que su intervención fue meramente familiar. "Lo único que pedí fue una silla", insistió la ministra, quien aseguró que no solicitó un trato preferencial para su madre.
Reacciones políticas y demandas de renuncia
La controversia ha provocado reacciones diversas en el ámbito político. Desde el oficialismo, algunos aliados del Gobierno han solicitado explicaciones inmediatas de Aguilera, argumentando que la ciudadanía merece claridad sobre lo ocurrido. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores, y otros parlamentarios han señalado que el silencio de la ministra es insostenible y han instado a que se asuman responsabilidades. El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, ha sido particularmente contundente, demandando la renuncia de Aguilera y calificando la situación como "impresentable". En la misma línea, el diputado Rubén Oyarzo ha llamado a la ministra a romper su silencio y proporcionar aclaraciones sobre la operación.
Defensa de la ministra
A pesar de la creciente presión, Aguilera ha mantenido su postura de no renunciar. En sus declaraciones, enfatizó que la operación de su madre se realizó en base a criterios médicos de urgencia y que no existió una "priorización administrativa" por su parte. La ministra también destacó que se enteró del accidente de su madre mientras estaba en otra actividad oficial y que llegó al hospital cuando ya estaba en proceso de atención. Aguilera reafirmó su compromiso con la transparencia y su disposición a aclarar cualquier duda que surja en torno a la situación. Sin embargo, su defensa no ha conseguido calmar las aguas, y la polémica continúa afectando su imagen y la del Gobierno.
Conclusiones
La situación de la ministra Ximena Aguilera pone de manifiesto la complejidad de la ética pública en el ámbito de la salud, especialmente cuando se involucran relaciones familiares y el manejo de recursos en hospitales públicos. La presión política y social por esclarecer los hechos y la demanda de rendición de cuentas reflejan un acuciante llamado a la transparencia en la administración pública, mientras la ministra se aferra a su cargo en medio de un entorno cada vez más hostil.
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