El proyecto de Presupuesto 2027 asigna $166.951 millones al Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, asociado a la Ley Ricarte Soto, frente a los $189.696 millones de 2026. La diferencia nominal es de $22.745 millones; considerando la inflación, el recorte llega a cerca de $28 mil millones, alrededor de 14% en términos reales, según antecedentes de la Dirección de Presupuestos.
El Gobierno sostuvo que la baja no afecta a las 27 enfermedades cubiertas. La ministra de Salud, May Chomali, explicó en Radio Pauta que la ley arrastra problemas de financiamiento desde hace años porque gasta más de lo que se le asigna, y calificó la diferencia como un «tecnicismo». «Vamos a buscar fuentes de financiamiento, pero a los pacientes, ya sea los que van a entrar (...) o porque ya están con su tratamiento, no se les va a dejar de entregar el medicamento que necesitan», afirmó.
El recorte generó críticas transversales en el Congreso. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), anunció que buscará revertirlo durante la tramitación de la Ley de Presupuestos.
En paralelo, el Congreso discute una reforma a la Ley Ricarte Soto que busca elevar el aporte fiscal anual permanente al fondo desde $100 mil millones a $185 mil millones. La incorporación de nuevas enfermedades está pausada desde 2021, mientras el número de beneficiarios pasó de unos 57 mil a más de 75 mil entre 2023 y 2025.
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