La Contraloría General de la República detectó una administración ineficiente del Hospital Modular de Campaña N°2 Barros Luco Trudeau, adquirido durante la pandemia por más de $2.000 millones. El organismo determinó un perjuicio patrimonial de $859 millones por la falta de uso de los 565 bienes transferidos al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS).
Tras el cierre del recinto en octubre de 2021, la Subsecretaría de Redes Asistenciales entregó la infraestructura al SSMS, que no definió un destino específico. El hospital modular fue almacenado en una bodega de San Miguel, donde permaneció sin uso durante cuatro años. Aunque en mayo de 2023 se adjudicó una licitación de mantención y desarme por más de $187 millones a Minera y Constructora Río Grande SpA, no se realizaron gestiones posteriores para reutilizar o reasignar los equipos.
El informe señala que el SSMS no efectuó consultas ni comunicaciones para definir el uso de los activos, vulnerando la obligación de velar por la eficiencia de los recursos públicos. Además, detectó diferencias de inventario y bienes que permanecen sin localizar, entre ellos una lavadora, una plancha eléctrica, una secadora, un otooftalmoscopio y un kit de protección radiológica.
El SSMS justificó el desarme por el término de la alerta sanitaria y el alto costo de mantención, cercano a $4.584 millones. La Contraloría reconoció las razones operativas, pero precisó que no eximen de la responsabilidad de gestionar la transferencia de los bienes. La bodega presenta deficiencias de infraestructura, como un socavón en el perímetro, que dificultan la inspección y custodia de los equipos.
La Contraloría inició un reparo por $859 millones —valor actualizado de los bienes— con el objetivo de recuperar los recursos para el erario.
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