Entre 2016 y 2023, 272.508 estudiantes que recibían gratuidad abandonaron sus estudios de educación superior, según el informe "Análisis de la política de gratuidad en educación superior" elaborado por el centro de estudios Acción Educar y publicado por Diario Financiero. De ellos, 68.637 recibieron financiamiento estatal durante toda la duración nominal de sus carreras sin llegar a titularse.
El estudio estima en cerca de $1,6 billones los recursos públicos destinados a estas trayectorias inconclusas. Según el informe, los abandonos anuales pasaron de 3.034 en 2016 a 63.170 en 2023, en un periodo en que la cobertura del beneficio se expandió de manera significativa.
La investigación también apunta al impacto en las instituciones adscritas. Acción Educar calcula un déficit acumulado de $1,85 billones entre 2016 y 2025, explicado principalmente por la diferencia entre el arancel regulado y el real ($1,27 billones), el límite al cobro a estudiantes de los deciles 7, 8 y 9 que no tienen gratuidad ($551 mil millones) y la sobreduración de carreras ($27.700 millones). De acuerdo con el centro de estudios, ese déficit ha sido cubierto por las propias casas de estudio, en su mayor parte universidades privadas.
La investigadora Javiera Pavišić sostuvo que el diseño de la política podría incidir en los incentivos a la permanencia, ya que el estudiante no asume directamente el costo de los recursos invertidos. El informe propone establecer mecanismos de restitución en casos de deserción sin causa justificada, revisar la fijación de aranceles regulados y mantener la gratuidad focalizada hasta el sexto decil. El análisis se conoce en medio de la discusión del Presupuesto 2027, que incluye recortes en el gasto en educación superior.
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