La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el otorgamiento de licencias de conducir en la Municipalidad de Antofagasta entre enero de 2024 y diciembre de 2025. Según el Informe Final N° 419 de 2026, los registros municipales consignaron 70.661 exámenes médicos y sensométricos con tiempos inferiores a un minuto, de los cuales 70.425 figuraban como aprobados.
El organismo advirtió que esa situación "impide acreditar que dichos procedimientos se hayan efectuado durante un tiempo suficiente para verificar adecuadamente las condiciones físicas y sensoriales exigidas a los postulantes". Además, 253 evaluaciones de visión y audición quedaron registradas con cero segundos de ejecución, y el municipio otorgó tres licencias clase D a postulantes cuyos expedientes consignaban exámenes psicométricos reprobados.
En los exámenes prácticos para licencias no profesionales clase B, la auditoría estableció que 265 pruebas duraron entre 2 y 24 minutos, pese a que la normativa exige un mínimo superior; 204 de ellas se realizaron en solo 10 minutos. También se constató que 17.720 exámenes fueron realizados o supervisados por funcionarios que no acreditaron cumplir los requisitos para actuar como examinadores.
La Contraloría observó que al menos cuatro funcionarios participaron en la evaluación o aprobación de exámenes de familiares directos, entre ellos una madre, un hermano, un sobrino y un cuñado, sin acreditar la debida abstención, y que uno de ellos intervino como examinador en su propio proceso. Asimismo, se emitieron 402 licencias a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y 198 a personas con condenas registradas en los cinco años previos a la solicitud.
El órgano contralor instruyó un sumario en el municipio para establecer responsabilidades administrativas y remitirá el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. El concejal Waldo Valderrama, cuyo examen médico aparece en los registros con un segundo de duración, dijo a BioBioChile que no puede justificarlo, que los concejales no intervienen en ese proceso y que pidió a la municipalidad un sumario propio.
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