El Presidente José Antonio Kast llegará este viernes 16 de octubre a La Paz para reunirse con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, en la primera visita de Estado de un Mandatario chileno a Bolivia desde la que realizó Carlos Ibáñez del Campo en agosto de 1955. Aunque otros presidentes chilenos han estado en ese país desde entonces, ninguno lo hizo en calidad de visita de Estado. Ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 1978.
El programa original contemplaba dos días, en La Paz y Santa Cruz, pero finalmente se redujo a una sola jornada, según la Cancillería boliviana. De acuerdo con el diario El País de Bolivia, la agenda oficial tiene 11 puntos e incluye la firma de acuerdos en comercio, integración económica, energía y cooperación fronteriza, con temas como la interconexión eléctrica, el transporte de hidrocarburos, la modernización de acuerdos comerciales, la conectividad digital y mejoras en los pasos fronterizos.
El ministro de la Presidencia de Bolivia, Fernando Aramayo, calificó la visita como histórica y planteó la aspiración de materializar acuerdos entre Bolivia, Chile y Perú. A su vez, el ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, adelantó que La Paz planteará reclamos por los autos robados en Chile que ingresan a su país, conocidos como "chutos", y cuestionó el ingreso de vehículos usados desde la Zona Franca de Iquique.
Otro punto sensible es la incautación, en junio, de más de 100 toneladas de droga impregnadas en 1.080,8 toneladas de madera boliviana lista para exportación, en una investigación de la Fiscalía Regional de Arica junto a Aduanas y la Directemar. Aramayo afirmó que su país está abierto a colaborar y que "no vamos a encubrir ningún ilícito".
Sobre la demanda marítima, el Gobierno de Paz, que asumió en noviembre del año pasado, ha privilegiado la agenda económica y fronteriza. "No vamos a renunciar a nuestra reivindicación histórica marítima, pero también es claro que tenemos que atender una agenda económica y comercial", sostuvo Aramayo. En Chile, el tema se considera cerrado tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2018, que estableció que Chile no está obligado a negociar una salida soberana al mar.
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