La caída del Fondo E de las AFP, que acumuló una pérdida real de 10,39% entre enero y septiembre de 2026, abrió un nuevo frente en el Congreso y entre organizaciones de afiliados. El Fondo E es la alternativa más conservadora del sistema: está compuesto principalmente por instrumentos de renta fija y reúne sobre todo a trabajadores próximos a jubilar.
Parte del desplome se explica por una estrategia en que las administradoras suscribieron contratos swap de tasas de interés de Estados Unidos, intercambiando flujos fijos por variables bajo la apuesta de que las tasas bajarían, lo que no ocurrió. Según cifras de la Superintendencia de Pensiones publicadas por Bloomberg, las posiciones de las AFP en derivados ligados a esas tasas registraban una valoración negativa por US$7.700 millones a septiembre. La estrategia había ayudado a que el Fondo E rentara en promedio 7,5% el año pasado, pero un análisis de Citigroup citado por ese medio estimó que en abril la exposición llegaba a cerca de US$131 millones por cada punto base de variación en las tasas, frente a unos US$10,6 millones a inicios de 2024.
El diputado Diego Schalper (RN) ofició a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y a la Superintendencia de Pensiones para conocer las fiscalizaciones, pruebas de estrés y alertas emitidas en los últimos 24 meses, y si los riesgos eran previsibles; además pidió una sesión especial de la Comisión de Trabajo para que autoridades y AFP "den explicaciones". En paralelo, el diputado Araya, representante de Antofagasta, lidera una solicitud para crear una comisión investigadora por las pérdidas, argumentando que "a cada instante salen nuevos antecedentes y más graves". Desde la bancada liberal, el diputado Sebastián Videla propuso indicaciones al proyecto de reforma al mercado de capitales para limitar la exposición a bonos de larga duración y restringir el uso especulativo de derivados; la Comisión de Hacienda de la Cámara votará en particular la iniciativa este miércoles 21 de octubre.
La coordinadora No+AFP, en tanto, inició una campaña para exigir responsabilidades. Su vocero, Luis Mesina, propuso una auditoría financiera, eventuales demandas civiles contra las AFP, una demanda subsidiaria contra el fisco y una investigación a la Superintendencia de Pensiones. "El ahorro obligatorio de millones de trabajadores no es un casino", afirmó, y rechazó que el gremio de las administradoras trate el episodio como una fluctuación de mercado.
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