El Gobierno ingresó este lunes a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que reforma el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La iniciativa, firmada por el Presidente José Antonio Kast, modifica la Ley N° 20.405 que creó el organismo y cambia su gobernanza, sus atribuciones y la forma de elegir a sus consejeros. Fue enviada a las comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y de Hacienda, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, adelantó que comenzará a discutirse este miércoles.
El cambio principal es que el INDH ya no podrá presentar querellas criminales, aunque mantendrá la posibilidad de hacer denuncias ante los organismos correspondientes. "Hoy la Constitución Política reserva al Ministerio Público el ejercicio de las acciones penales y por tanto no tiene sentido que el Instituto Nacional de Derechos Humanos también tenga esa facultad", afirmó Rabat, quien dijo que el objetivo es que el instituto tenga "un rol consultivo en materia de derechos humanos y no un rol persecutor en materia penal". El organismo conservará los recursos de protección y amparo, podrá actuar como amicus curiae con informes especializados ante los tribunales y seguirá en las querellas ya presentadas hasta que haya sentencia.
El proyecto reduce el Consejo de 11 a cinco integrantes, con mandatos de cuatro años y una sola renovación. Dos serían designados por el Senado a partir de candidatos ligados a la sociedad civil, dos por la Cámara de Diputados, ambos con un quórum de cuatro séptimos, y uno por los decanos de las facultades de Derecho. Los actuales consejeros cesarían cuando se nombre el nuevo Consejo, dentro de los 60 días siguientes a la publicación de la ley. Además, se crea una Dirección Ejecutiva, elegida por concurso de Alta Dirección Pública, que asumirá la gestión administrativa y operativa del instituto.
Según el informe financiero, la reforma reduciría en 50% la dotación de las oficinas regionales en un año y medio y en 70% los abogados de la unidad de protección, con un menor gasto fiscal de unos $1.210 millones el primer año, $3.113 millones el segundo y cerca de $3.721 millones anuales en régimen. Consultado por las querellas del INDH contra policías por hechos del estallido social, Rabat evitó vincular la reforma con esos casos y sostuvo que se basa en un informe transversal surgido de la Ley de Presupuestos 2025, por lo que "no debiera complejizar absolutamente nada" la relación con la oposición.
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