El Senado despachó este martes a ley el proyecto que busca hacer más rápidas y efectivas las expulsiones administrativas de extranjeros en situación migratoria irregular. La votación terminó con 37 votos a favor y una abstención, luego de que el lunes la Cámara de Diputados aprobara el texto con 128 votos a favor y 11 en contra.
El cambio más relevante apunta a la ejecución de las órdenes. La Policía de Investigaciones (PDI) podrá ingresar a los inmuebles donde se encuentren personas con una orden de expulsión vigente, siempre con autorización de un juez de garantía, que tendrá 24 horas para pronunciarse. La versión original entregaba esa facultad al subsecretario del Interior y dejaba el control judicial para después; ese punto se modificó al resolver las diferencias entre ambas cámaras.
La ley también busca facilitar la notificación de los procedimientos migratorios. El Servicio Nacional de Migraciones podrá pedir a personas, empresas y funcionarios públicos datos como el nombre, el domicilio y el correo electrónico de extranjeros en situación irregular, y las notificaciones podrán hacerse por correo electrónico. Además, se acortan los plazos para reclamar contra estas medidas y se amplía de tres a cinco años el periodo en que una persona expulsada no puede volver a entrar a Chile.
El proyecto fue presentado durante el gobierno de Gabriel Boric y terminó su tramitación con indicaciones del Ejecutivo del Presidente José Antonio Kast, lo que fue destacado como un acuerdo transversal por senadores de distintos sectores. La senadora socialista Danisa Astudillo, de Tarapacá, recordó que en 2025 se dictaron más de 23 mil órdenes de expulsión, pero se concretaron algo más de 1.200 entre administrativas y judiciales. "De poco sirve dictar una orden de expulsión si después el Estado no tiene cómo hacerla cumplir", sostuvo.
Desde el oficialismo, el senador republicano Renzo Trisotti afirmó que "una orden de expulsión que no se cumple es una señal de debilidad del Estado", mientras que el senador de RN Andrés Longton explicó que hasta ahora muchas órdenes vencían porque las personas permanecían en sus domicilios y no había facultades para retirarlas de ahí.
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