La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 485 funcionarios de la Administración Central permanecían suspendidos preventivamente mientras enfrentaban sumarios administrativos y continuaban percibiendo sus remuneraciones. Los datos corresponden al Consolidado de Información Circularizada N°25 y abarcan procedimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026, sin incluir a personal municipal.
El informe destaca la duración de algunos procesos. Trece funcionarios acumulan más de cuatro años de suspensión y otros 17 entre tres y cuatro años, lo que suma 30 casos que superan los tres años apartados de sus funciones. El procedimiento más extenso corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), con aproximadamente cuatro años y siete meses.
Los diez casos de mayor duración generaron un desembolso cercano a los 671 millones de pesos en remuneraciones. Además, 22 de los funcionarios suspendidos registraban otras actividades remuneradas, según información cruzada con el Servicio de Impuestos Internos.
Ante estos antecedentes, la Contraloría resolvió asumir directamente la tramitación de los 30 sumarios que superan los tres años de suspensión. Para los 392 funcionarios con más de un año suspendidos, los servicios involucrados tendrán un plazo de 15 días hábiles para informar el estado de los procesos y justificar la mantención de la medida preventiva.
El organismo recordó que las autoridades que instruyen sumarios deben revisar periódicamente su avance y adoptar medidas para evitar demoras injustificadas, además de evaluar eventuales responsabilidades administrativas por los retrasos.
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