El Senado y la Cámara de Diputados definirán esta semana el destino de un punto pendiente de la reforma política impulsada por el exministro del Interior Álvaro Elizalde (PS). La iniciativa, presentada en junio de 2025, busca fortalecer los comités parlamentarios, elevar los requisitos para formar y financiar partidos, y aumentar las exigencias para candidaturas independientes.
Una comisión mixta acordó de forma unánime que los partidos deberán condenar en su declaración de principios los sistemas totalitarios, el uso de la violencia como método político y afirmar su compromiso con la probidad. Si esa norma no logra los quórum necesarios, el resto del proyecto será remitido al Tribunal Constitucional y al Presidente José Antonio Kast para su promulgación.
El texto cuenta con respaldo de las principales fuerzas políticas, y el gobierno de Kast le otorgó suma urgencia en agosto. Sin embargo, el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido de la Gente y libertarios han expresado su oposición, argumentando que favorece a los partidos grandes y dificulta la representación de colectividades regionales o emergentes.
Los partidos tendrán 18 meses para actualizar sus registros de militantes. La reforma fue gestionada durante el gobierno anterior por la exministra Macarena Lobos y ahora continúa su tramitación bajo la actual administración.
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