Más de cinco años después de presentar su requerimiento, el 7 de octubre de 2021, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) comenzó este miércoles sus alegatos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en el caso de colusión en el transporte de valores. La acusación apunta a Brink's, Prosegur y Loomis, las tres principales empresas del rubro, y a un grupo de sus ejecutivos, por acordar tarifas entre 2017 y 2018.
La FNE pide multas a beneficio fiscal por 81.585 UTA, cerca de US$ 63,4 millones en total. Para Brink's solicita 39.325 UTA (unos US$ 30,5 millones) y para Prosegur 33.253 UTA (unos US$ 25,8 millones), las multas individuales más altas que ha pedido en un caso de colusión. Para Loomis la petición es de 8.314 UTA, alrededor de US$ 6,4 millones.
El jefe de la División de Litigios, Víctor Santelices, destacó el aporte de Marcela Ferrada, exdirectora comercial de Brink's, la primera persona natural empleada de una empresa en acogerse a la delación compensada. Según la Fiscalía, su colaboración permitió desarmar un acuerdo que afectaba a todos los clientes de estas compañías y que seguía vigente cuando se ejecutaron las medidas intrusivas.
Entre las pruebas, la FNE mostró planillas Excel con las que se habrían coordinado los precios ofrecidos a los clientes, guardadas en un pendrive encriptado cuya clave se descifró con ayuda del FBI. También expuso una docena de correos y mensajes de WhatsApp, además de conversaciones hechas por Silentel, un sistema que no deja registro. En uno de ellos, de julio de 2018, un ejecutivo de Loomis comparaba las alzas que proponía cada empresa: entre 50% y 200% en el caso de Brink's, según el mensaje.
La Fiscalía sostuvo además que el grupo celebró la compra de la competidora Chilevalores por parte de Loomis como una forma de sacar del mercado a un actor independiente y asegurar el acuerdo. El TDLC deberá resolver una vez concluidos los alegatos.
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