La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó esta tarde la reforma constitucional que permitía ampliar de cinco a 30 días el plazo de detención para ejecuciones de expulsiones administrativas, iniciativa que formaba parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT).
El proyecto obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, quedando a un voto del quórum constitucional de 89. Con este resultado, la iniciativa no podrá ser presentada nuevamente hasta dentro de un año, salvo que el Ejecutivo la derive al Senado y obtenga aprobación de dos tercios de sus miembros en general.
El texto permitía prorrogar el plazo de detención hasta tres veces consecutivas. Según el Gobierno, la falta de apoyo se debió a que algunos legisladores de oposición que habían acordado respaldar la medida no emitieron su voto y a dos ausencias en el oficialismo, vinculadas al viaje del presidente José Antonio Kast a la Asamblea General de Naciones Unidas.
El ministro de la Segpres, José García Ruminot, señaló que el trabajo prelegislativo se realiza de forma rigurosa, pero que resulta difícil controlar imponderables como la ausencia o el cambio de voto en el momento de la votación.
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