La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), presentó un proyecto de ley para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes accedan a la rebaja de condena por comportamiento sobresaliente. La iniciativa llega un día después de conocerse que el Ministerio de Justicia concedió 56 de esas rebajas durante el actual gobierno.
Según explicó la senadora, la ley vigente ya excluye a estos condenados del beneficio, pero mantiene una excepción cuando la sentencia aplicó el artículo 73 del Código Penal, referido a una eximente incompleta. El proyecto elimina esa salida: la circunstancia seguirá considerándose al fijar la pena, pero no podrá usarse después para pedir una reducción. También exige que las calificaciones de conducta detallen sus fundamentos y cómo se ponderaron informes contradictorios.
Núñez, que este jueves se reunió en La Moneda con el nuevo vocero, el subsecretario Gonzalo Arenas, además ofició al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para saber qué antecedentes y normas se aplicaron en cada caso. "No puede seguir estando en la ley ni puede obviamente depender del ministro que esté de turno", afirmó.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, sostuvo que "el gobierno está cumpliendo con la ley", recordó que en la administración anterior hubo 276 rebajas de condena y dijo que existe disposición a mejorar la legislación. Anunció que este viernes se presentará un proyecto contra la explotación sexual infantil en residencias, parte del plan Chile Cuida a los Niños.
El argumento de Rabat, que la jurisprudencia de la Corte Suprema obligaba a conceder las rebajas por hechos anteriores a 2022, enfrenta cuestionamientos. BioBioChile revisó cuatro causas en que el máximo tribunal confirmó, por tres votos contra dos, la exclusión de condenados por abusos cometidos antes de esa fecha; tres de esos fallos son de agosto y septiembre de este año. El exministro Jaime Gajardo advirtió, por su parte, que tratar las normas penitenciarias como si fueran penales podría afectar "todos los beneficios penitenciarios".
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