La polémica por las rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad escaló al terreno de las responsabilidades políticas. Partidos de oposición están evaluando presentar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, mientras el propio ministro sostuvo que el Presidente José Antonio Kast no estaba al tanto de las resoluciones.
En el Partido Socialista, el diputado Daniel Manouchehri afirmó que hay antecedentes suficientes para acusar al ministro y que sus equipos jurídicos revisan cómo se otorgaron los beneficios, ya que, a su juicio, hay indicios de que no se aplicaron prohibiciones legales. El diputado DC Jorge Díaz dijo que su partido busca un acuerdo amplio de la oposición, incluido el Partido de la Gente, para presentar el libelo. El Partido Comunista, en cambio, optó por pedir una sesión especial en la Cámara como paso previo a una eventual interpelación; el Frente Amplio exigió la renuncia de Rabat, y la bancada PPD e independientes ofició al ministro y al subsecretario Luis Silva para pedir más antecedentes.
En entrevista con Meganoticias el jueves por la noche, Rabat aseguró que Kast "no estaba en conocimiento de la situación, porque esas son decisiones que las adopta el ministro de Justicia". Explicó que la fórmula "por orden del Presidente de la República" que aparece en los documentos es un tecnicismo propio de la delegación de facultades administrativas.
El ministro también estimó que "la gran mayoría" de los 56 condenados ya habría salido de prisión, porque la calificación de conducta sobresaliente por parte de la comisión respectiva tiene un efecto legal inmediato en la reducción de la pena, aunque no precisó cifras. Agregó que la ley no obliga a notificar a las víctimas, que una indicación impulsada desde abril busca que el juez de garantía lo haga, y que hoy no tiene solicitudes de ese tipo pendientes.
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