El Gobierno evalúa recurrir al mecanismo de insistencia en el Senado para sacar adelante la reforma constitucional que amplía los plazos de detención de extranjeros con orden de expulsión, tras ser rechazada en la Cámara de Diputados por un voto.
El proyecto obtuvo 88 votos a favor cuando requería 89. Para avanzar en el Senado se necesita reunir dos tercios de los votos, lo que obliga al Ejecutivo a buscar respaldo en la oposición.
En ese contexto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que “por mí, no iría al Congreso” y que “hay ciertas cosas políticas que aún no logro entender”. Las declaraciones provocaron reacciones en el Senado.
El senador DC Iván Flores sostuvo que “gobernar por decreto ya pasó a la historia” y sugirió que si al ministro no le gusta ir, “cámbiese de pega”. El senador Matías Walker (Evópoli) ironizó sobre liberar a Arrau de esa tarea, mientras Diego Schalper (RN) señaló que los ministros “hacen lo que tienen que hacer”.
Desde el oficialismo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió a Arrau como un “ministro de acción”, y el ministro José García Ruminot destacó que la gestión en terreno es más relevante que el trabajo legislativo.
Paralelamente, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, mantiene contactos con senadores de regiones del norte y centroizquierda. El senador Pedro Araya condicionó su apoyo a que se dé urgencia al levantamiento del secreto bancario.
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