El Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió no suscribir, por ahora, el ingreso de Chile como miembro pleno a la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El país participará en calidad de observador mientras evalúa las implicancias de la instancia para la soberanía nacional.
La definición se oficializaría en la cumbre de ministros y autoridades de seguridad programada para el 26 y 27 de octubre en República Dominicana, donde se firmará el tratado de la coalición. Según Washington, el acuerdo busca articular intercambio de inteligencia, enlace táctico y eventual uso de contingentes militares de los países miembros contra organizaciones criminales transnacionales.
A diferencia del Escudo de las Américas, de carácter más político, la A3C tiene un perfil operativo, y el principal punto de tensión es el alcance de los ejercicios coordinados por el Comando Sur estadounidense. La Constitución chilena exige autorización del Congreso para el ingreso de tropas extranjeras al territorio.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Manuel José Ossandón (RN), calificó de prudente la condición de observador: "Chile no debe restarse de la lucha contra el crimen organizado, pero tampoco puede perder su autonomía". Desde la oposición, la senadora Loreto Carvajal (PPD) también la consideró razonable y planteó que las operaciones dentro de las fronteras deben quedar bajo mando exclusivo de las instituciones chilenas.
El decano de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Marco Moreno, advirtió en cambio que la ambigüedad tiene costos, porque Estados Unidos ya considera a Chile parte de la coalición mientras el Gobierno posterga su incorporación formal. Aún no está confirmado si el ministro de Defensa, Fernando Barros, viajará a la cita.
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