El Presidente José Antonio Kast decidió mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, pese a la presión de la oposición por las rebajas de condena otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. El respaldo quedó claro el viernes en La Moneda, en una reunión con representantes de la UDI, RN, Evópoli, el Partido Republicano y el Partido Cristiano, que terminó centrada en esta controversia, según informó La Tercera.
Tras ese encuentro, el Ministerio de Justicia anunció que no visará nuevos decretos de rebaja de condena que estén en trámite mientras se tramita una modificación legal. El nuevo subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, explicó que la idea es "paralizar todos los decretos que se puedan paralizar", pero aclaró que la suspensión no alcanza a los que ya están ejecutoriados. Reconoció además que el procedimiento "se pudo haber hecho mejor" y que retrotraer los beneficios ya concedidos "sin duda que es muy difícil".
La ley vigente desde febrero de 2022 excluye de este beneficio a condenados por ciertos delitos sexuales contra menores. Bajo la gestión de Rabat, la cartera optó por concederlo a personas sentenciadas antes de esa fecha, apoyándose en fallos de la Corte Suprema que acogieron amparos de condenados. Durante el gobierno anterior, en cambio, las solicitudes se rechazaban y los casos se resolvían en tribunales. Especialistas citados por el diario advierten que tanto revocar como invalidar los decretos enfrenta obstáculos en la Ley 19.880 y en la jurisprudencia de la Contraloría.
La versión del ministro también fue matizada por el exministro de Justicia Hernán Larraín (UDI). En un comunicado, sostuvo que durante el debate de la ley quedó establecido que la rebaja de condena es un beneficio carcelario al que no se aplica el principio de irretroactividad, y que, aunque la Corte Suprema inicialmente concedió el beneficio a condenados antes de la reforma, "en fallos recientes" ha cambiado esa posición y lo ha rechazado.
En el oficialismo, el presidente republicano Arturo Squella calificó de absurdo acusar constitucionalmente a alguien "por cumplir la ley", y el diputado Guillermo Ramírez (UDI) apuntó a una ley poco clara y a la interpretación de los tribunales como el origen del problema.
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