Squella, Larraín y la UDI: la polémica por las rebajas de condena abre un nuevo cruce dentro del oficialismo

La controversia por las 56 rebajas de condena que el Ministerio de Justicia concedió entre marzo y septiembre a condenados por delitos sexuales contra menores (27 por abuso sexual y 29 por violación) provocó este fin de semana un enfrentamiento público entre los partidos que apoyan al Gobierno.

El origen fue una declaración del exministro de Justicia Hernán Larraín (UDI), quien impulsó en el segundo gobierno de Sebastián Piñera la ley de 2022 que excluye de ese beneficio a los condenados por delitos sexuales contra niños. Larraín sostuvo que, aunque la Corte Suprema en un principio concedió la rebaja a personas sentenciadas antes de esa ley, en fallos recientes cambió de criterio y la ha rechazado. Esa lectura contradice el argumento del actual ministro, Fernando Rabat, para justificar los decretos.

El presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, le respondió en X: "Qué valioso habría sido tener vigente esta ley en la época de Paul Schäfer, ¿no crees Hernán?". La frase aludió a la defensa pública que Larraín hizo de Colonia Dignidad en los años noventa, cuando era senador por el Maule.

Las reacciones en Chile Vamos fueron rápidas. El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, escribió que Squella dirige "el partido del Presidente" y que "un mínimo de prudencia" exigía contenerse, porque "así no se necesita oposición". Este sábado, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, calificó los dichos de "injuriosos" y llamó a cuidar las formas, advirtiendo que estas peleas debilitan al Gobierno y su posición en el Congreso. La secretaria general gremialista, María José Hoffmann, afirmó que Squella "le está causando un profundo daño al Gobierno".

Squella no retrocedió: dijo que se sentía obligado a responder a quienes, a su juicio, instalan cuestionamientos injustos contra Rabat. La diputada republicana Stephanie Jéldrez salió en su defensa. Ramírez, por su parte, insistió en que el problema de fondo es la ley y que hay que cambiarla para que ningún condenado por estos delitos acceda a rebajas.

En paralelo, el Presidente José Antonio Kast ratificó a Rabat y el Ejecutivo comprometió un proyecto de ley y no tramitar nuevos decretos de rebaja, aunque reconoce que revertir los 56 beneficios ya ejecutados es complejo.