El pleno de la Corte Suprema aprobó la que será la primera política institucional sobre uso de inteligencia artificial (IA) en el Poder Judicial. La propuesta, elaborada por la Dirección de Estudios y el ministro Jean Pierre Matus, se discutió el viernes al cierre de las jornadas de reflexión del tribunal, y el documento se publicará en los próximos días. Para este lunes se espera que la presidenta de la Corte, Gloria Ana Chevesich, informe a los medios.
El principal cambio es que se pasa de un uso individual de estas herramientas a uno institucional. En el trabajo jurisdiccional y en los sistemas del Poder Judicial solo se podrán usar las aplicaciones de IA que autorice la Comisión de Tramitación Electrónica, que definirá para qué se pueden emplear, con qué información y en qué condiciones.
La política fija límites que no admiten excepción: la IA no podrá decidir un caso, reemplazar la valoración de la prueba ni redactar la fundamentación de resoluciones o sentencias. Todo uso autorizado requerirá revisión humana, de modo que se permiten apoyos instrumentales a la labor de los jueces, pero no usos que los sustituyan. También se prohibirá ingresar a herramientas no autorizadas datos personales o borradores de fallos.
Habrá además una tabla para graduar riesgos, un catálogo de sistemas y usos permitidos y un Comité de IA, integrado por un ministro de la Suprema y representantes de las asociaciones gremiales, junto con un canal para que funcionarios propongan nuevos usos o pilotos.
La regulación complementa las normas incluidas en el Código de Ética Judicial y el oficio que Matus y Chevesich enviaron en agosto a todas las jurisdicciones con un marco inicial para estas herramientas.
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