La comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados sobre las diferencias en las cifras de producción de Codelco aprobó por unanimidad un informe que concluye que existió una «presión efectiva» del entonces presidente del directorio, Máximo Pacheco, y del presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, para mejorar el cierre productivo de la estatal en 2025 frente al año anterior.
Según el documento, ambos sabían desde junio de 2025 que la producción de ese año quedaría bajo la de 2024 y aun así se insistió en una operación para aumentarla «a toda costa». La revisión interna de la cuprífera identificó 26.875 toneladas métricas finas en Chuquicamata y Ministro Hales que no cumplían los requisitos para reconocerse como producción de 2025, cerca del 2% de la producción propia anual. Esa cifra superaba el alza de unas 6.000 toneladas que permitía mostrar un resultado mayor al de 2024. El exejecutivo César Márquez declaró ante la comisión que desde fines de julio de ese año la única consigna era superar a 2024; Alvarado, en cambio, negó que se haya instruido saltarse las validaciones.
La comisión descartó que se haya «inventado» cobre: los óxidos de Chuquicamata y los polvos de Ministro Hales eran materiales reales, y la discusión fue si correspondía contarlos en ese ejercicio. Tampoco se alteraron los estados financieros auditados de 2025. Aun así, calificó la presión corporativa como una falta gravísima, habló de una falla en la cadena de control y pidió transparentar la contratación de KPMG como auditor, porque la directora Tamara Agnic, que preside el Comité de Auditoría, fue socia de esa firma hasta 2021.
Entre sus recomendaciones, el informe propone que Codelco presente en 90 días un plan para fortalecer sus controles internos, recupere los bonos pagados indebidamente cobrándolos a quienes autorizaron la operación y no a los trabajadores, refuerce la fiscalización de Cochilco y fije un plazo de cinco años antes de que altos directivos de empresas estatales pasen al sector privado.
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