El gobierno mantiene en suspenso la decisión de retirar su reforma constitucional en materia de seguridad, mientras evalúa los costos políticos de esa eventual medida y espera conocer el texto alternativo que preparan senadores de distintos sectores.
El biministro Claudio Alvarado y el ministro Martín Arrau reiteraron que el Ejecutivo no se encuentra apegado a una redacción específica, sino a la obtención de herramientas para mejorar la segregación penitenciaria y el combate al crimen organizado. Arrau señaló que, si una indicación o propuesta de los senadores resulta viable, podría implicar el retiro del proyecto original, aunque la definición aún no está zanjada.
La posibilidad de retirar la iniciativa fue analizada en el Comité de Seguridad de La Moneda, encabezado por el Presidente José Antonio Kast, tras el asesinato del cabo de Carabineros Cristopher Aguilera. En el Ejecutivo reconocen que la salida cuenta con respaldo transversal, pero advierten que algunos senadores adelantaron públicamente una decisión que todavía se encuentra en análisis.
El gobierno ha intensificado los contactos con la oposición, entre ellos los senadores Andrés Longton (RN), Pedro Araya (PPD) y Paulina Vodanovic (PS), con el fin de generar acuerdos. Según Arrau, el objetivo es avanzar en medidas concretas sin que el eventual retiro sea interpretado como una derrota política, priorizando el fortalecimiento de las herramientas institucionales frente al crimen organizado.
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